La ruta del cisma

A mediados de este año, cuando uno podría pensar que este tipo de recursos ya no resultarían atractivos para nadie, se hizo pública en Venezuela, la decisión de un grupo de personas de darle vida a lo que ellos llaman la iglesia católica reformada de Venezuela.

El grupo, que ha dado vida a esta organización lo integran varios exsacerdotes católicos y exministros de distintas iglesias protestantes históricas. Las únicas cosas que los unen son, por cierto, su simpatía profunda por el gobierno de Hugo Chávez y las críticas, una más irracional que la próxima, a la Iglesia católica.


En su lenguaje, además, se encuentran algunos de los lugares comunes de experiencias similares (“iglesias” creadas desde el poder con el propósito de lastimar a la Iglesia católica), cuyo primer ejemplo--el del primer anglicanismo de Enrique VIII--es, hasta ahora, la fuente de inspiración.

Claro está, la diferencia fundamental es que luego de las experiencias anglicana y de algunas otras iglesias nacionales (como las de los países escandinavos), el recurso es cada vez menos espectacular y rinde, además, menos resultados de los que sus promotores esperan.

A pesar de ello, no deja de llamar la atención la manera en que los promotores de esta nueva iglesia no duden en presentar casi en el mismo plan lo “bolivariano” de su invención, con las raíces cristianas que invoca en una mezcla que, para cualquiera que conozca la experiencia de Venezuela en años recientes, no puede sino mover a sospecha.

Si uno considera experiencias similares ocurridas en el siglo XX en México (la iglesia del “patriarca Pérez,” por ejemplo, en Brasil o en China), cualquiera tendría que desconfiar de la pertinencia de una decisión de gobierno de apoyar, así fuera sólo de manera declarativa, a grupos que, además de su escasa vinculación con las estructuras sociales reales, se han distinguido fundamentalmente por ser incapaces de crecer, de desarrollar una mayor o más activa presencia en las sociedades en las que han surgido y por ser, más bien, apéndices de las estructuras del gobierno que las crea o las patrocina.

En los casos europeos, los más antiguos, la situación ha terminado por generar paradojas como las de los intentos que ya desde la década de los setenta, ocurren en Inglaterra y los países escandinavos, para “lograr” una efectiva separación de la Iglesia del Estado que, sin embargo, se ha enfrentado a la negativa de algunos grupos a que se rompan los profundos vínculos legales y presupuestales entre las iglesias y los estados.

En los casos latinoamericanos en que han ocurrido este tipo de procesos de creación de iglesias “dóciles” a los intereses del Estado, la situación es más difícil de comprender aún. Al ver el caso de México, uno no puede sino sorprenderse que los restos de este tipo de experimentos cismáticos sean, a la vuelta de los años, luego de su rechazo a la autoridad de Roma, quienes se quieren presentar (por el uso del latín en algunas de sus ceremonias) como los representantes de las tradiciones del catolicismo mexicano.

No sólo eso. Obviamente en el caso de la “iglesia” creada por el "patriarca" Pérez no hay información suficiente acerca de los montos de los recursos que el gobierno les entregó para sostenerlas, pero es claro que sin esos recursos (que en algunos casos involucraron también la violencia para hacerse del control de algunos templos), estas iglesias no hubieran sobrevivido.

No es, por cierto, el primer caso de una iglesia creada desde las estructuras del poder político en Venezuela para tratar de lastimar o afectar las actividades del catolicismo en ese país. Ya en la década de los cuarenta, cuando Venezuela era gobernada por una dictadura militar, se creó otra iglesia con propósitos similares a la que nos ocupa.

En el caso de Venezuela no ha habido despojos de templos, ni violencia patrocinada o tolerada desde las estructuras del Estado, pero lo que sí hay claramente es una fuerte desconfianza a las razones y los métodos seguidos tanto por el gobierno de Hugo Chávez como por grupos separatistas de la Iglesia anglicana, a disgusto con el carácter “liberal” de la iglesia anglicana de nuestros días, quienes no dudaron en prestar su apoyo para la consagración de los “obispos” de esta iglesia católica reformada de Venezuela.

Es importante destacar, a pesar de lo anterior, que la Iglesia anglicana y su rama estadunidense, la Iglesia episcopaliana, no reconocen a los grupos de conservadores anglicanos que participaron en la creación de la iglesia cismática venezolana y no reconocen, tampoco, a quienes fueron consagrados así como obispos.

Como sea, es interesante considerar este caso por varias razones. La primera es el hecho mismo que desde el gobierno venezolano se le promueva. Deja ver que a pesar del desdén con el que los grupos latinoamericanos más liberales enfrentan la realidad de la práctica de la religión, el hecho es que también la ven como un espacio clave para la formación de las identidades sociales.

La segunda tiene que ver con el contexto en el que ha ocurrido esta creación. A diferencia de México a principios del siglo XX donde había un conflicto abierto entre el gobierno y la jerarquía católica, en el caso de Venezuela el conflicto es, en el mejor de los casos, velado; ocurre luego de que Hugo Chávez fuera derrotado en el refrendo constitucional que buscaba centralizar, todavía más, el poder del ejecutivo venezolano y, sobre todo, ocurre en Zulía, uno de los estados petroleros de Venezuela.

Ello hizo que, ya desde agosto de 2008, cuando The New York Times dio a conocer la creación de este grupo el corresponsal de ese diario en América del sur, se preguntara acerca de las relaciones entre los dirigentes de esta iglesia y representantes del gobierno nacional venezolano y que implícitamente cuestionara la legitimidad de una organización religiosa que nace para apoyar los propósitos de un gobierno.

Y es cierto, las iglesias tienen el derecho de expresar libremente sus preferencias incluso en el ámbito de la política, pero a un observador cuidadoso del desempeño tanto del Estado como de las iglesias, no deja de resultarle preocupante que el gobierno de Chávez (como podría ser el caso de cualquier otro gobierno), lejos de afirmar el principio de la separación del Estado y las iglesias, promueva--más bien--la supremacía del primero sobre las segundas, es decir, la colonización de lo religioso por la política.

Conviene destacar, por cierto, que en el proyecto de esta iglesia reformada venezolana es posible encontrar también muchos de los visos de activismo pan-latinoamericano que distinguen en otros ámbitos al gobierno de Hugo Chávez, por lo que no sería de sorprenderse que la renta petrolera venezolana, aunque disminuida por los recientes ajustes al precio del hidrocarburo, sirviera para promover este otro aspecto del ambicioso proyecto chavista.