Sobre la propuesta del senador Pablo Gómez

Los últimos días de febero de este año, el senador Pablo Gómez conmovió los débiles cimientos de las relaciones Estado-Iglesia en México cuando propuso eliminar el inciso E del artículo 130 constitucional, que es el que niega la plenitud del ejercicio de los derechos ciudadanos a los ministros del culto. El texto del inciso dice, a la letra:

E) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
(Reformado mediante decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

El texto de ese inciso es, por cierto, uno de los remanentes del original artículo 130 aprobado por el Constituyente en 1917, aunque original era mucho más radical y ambicioso:

Los ministros de los cultos nunca podrán en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de la propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o en general del gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo ni derecho para asociarse con fines políticos.

Es importante destacar, sin embargo, que la reforma legislativa propuesta por Pablo Gómez deja intocado el inciso D del mismo 130 Constitucional, que es el inciso que establece la prohibición para que los ministros de culto sean votados y que a la letra dice:

D) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

De ahí que, en estricto sentido, la reforma de Pablo Gómez sería—en el mejor de los casos—un posible avance, pero difícilmente podría considerarse una solución de fondo para los problemas que afectan al texto constitucional mexicano y, mucho menos, los problemas de la relación Iglesia-Estado en México.
Es necesario considerar, además, cuáles fueron las razones que el senador Gómez arguyó como sustento de sus propuestas.
La posición del senador Gómez no es, en estricto sentido, novedosa. Más bien se trata de una manera en la que el legislador procesa sus profundas diferencias con la Iglesia. Diferencias que han quedado acreditadas de distintas maneras. En el sitio de Internet del legislador, por ejemplo, se reproduce un texto fechado el 22 de enero de 2009 en el que, bajo el título de, “Bertone y el Estado laico”, dice:

Hoy, Bertone quiere el desquite. Pero, ¿cuál? ¿Busca los derechos políticos de los sacerdotes? No. ¿Acaso quiere un acercamiento entre la jerarquía católica y el pueblo mexicano? No. Quiere aquello anhelado durante tanto tiempo: la escuela pública. Pero ¿para qué? Si hasta hoy la mayoría del clero católico en México –su alta jerarquía—ha combatido o ha dado la espalda a todas las causas nacionales y populares, el futuro que nos plantea Bertone es más de lo mismo: pueblo y clero viven de espaldas uno con el otro y a los curas reaccionarios sólo les queda el recurso del fanatismo religioso, el cual empobrece y envilece a la iglesia misma. La teología de la liberación fue perseguida –poco a poco—por nuestros jerarcas católicos con el apoyo de Roma. Los curas revoltosos fueron discriminados dentro de la gran iglesia, la cual les hacía la vida difícil a Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Lona y otros, portavoces de lo mejor del Concilio Vaticano II, enemigos del fanatismo, líderes populares comprometidos con su gente y su tiempo: esa es otra iglesia. (Se encuentra en http://www.pablogomez.org/2009/01/bertone-y-el-estado-laico.html)

Como se puede apreciar, hay en la argumentación del senador Gómez, mucho del viejo anticatolicismo que ha distinguido a la clase política mexicana y, sobre todo, la expectativa de profundizar las divisiones en el seno de la Iglesia católica.

Es importante señalar que aunque las restricciones que establece el inciso D del artículo 130 de la Constitución son extrañas a la disciplina y la legislación interna de la Iglesia, han sido útiles para evitar conflictos en el seno de las diócesis mexicanas. La restricción, sin importar sus motivaciones, facilita el trabajo de los obispos para evitar la polarización de posiciones dentro de sus presbiterios y limita la capacidad de cooptación que los políticos podrían ejercer en contextos de alta polarización política y muy intensa competencia electoral.
Esto es particularmente peligroso para la Iglesia en México pues está obligada a actuar en un contexto de poca o nula transparencia en el desempeño de las autoridades de gobierno y, sobre todo, en un contexto de creciente polarización política y de profundización de la iniquidad en la distribución del ingreso que, además, se hará todavía más intenso por la manera en que transcurrirán las campañas de cara al 2012 que, por cierto, no seamos ingenuos, ya iniciaron.
Al argumentar—un día después de presentar su propuesta en la tribuna del Senado de la República—explicó el senador Gómez que la propuesta permitirá que

Si los sacerdotes quieren participar en la lucha electoral, que participen, que se la jueguen, pero que ejerzan sus libertades como cualquier ciudadano. Si quieren llamar a votar por el partido de su preferencia. Que lo hagan y que asuman las consecuencias. (La Jornada 27 de febrero de 2010, p 8)

Obviamente, la expectativa del senador Gómez es que los ministros del culto se equivoquen pues en su opinión, expresada en el texto del 22 de enero de 2009:

La jerarquía católica en México siempre estuvo de parte de los oligarcas: la colonia española, la monarquía de Iturbide, las castas conservadoras, el imperio de Maximiliano, los latifundistas del porfiriato. Todos los derrotados en la historia tuvieron de su lado al alto clero católico. De ahí la distancia entre el pueblo y su sacerdocio y de ahí la profundidad del laicismo mexicano. (Se encuentra en http://www.pablogomez.org/2009/01/bertone-y-el-estado-laico.html)

Como puede advertirse, el senador explica su propuesta desde la lógica no de la posible superación de los viejos conflictos que han marcado para mal la relación Iglesia-Estado en México, sino más bien como una manera de forzar a la Iglesia a desarrollar en su seno un número suficiente de contradicciones que la desacrediten ante los feligreses.
Esta línea de argumentación está presente en otro texto del senador Gómez. En 2009, con motivo de la aprobación en la Asamblea del Distrito Federal de las reformas que hacen posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, Gómez escribió:

Ahora bien, este problema [el de la negativa de la Iglesia a los matrimonios del mismo sexo] tiene que ver con la democracia. El principio de la mayoría no tiene vínculo alguno con el alto clero católico. Éste es monárquico. Para los obispos, la mayoría no dicta la norma sino sólo ellos, especialmente el sumo pontífice, es decir, el monarca. De aquí el desprecio del Episcopado a las decisiones mayoritarias. La falta de compromiso de la Iglesia Católica –el alto clero-- con la democracia es la fuente de constantes diferendos, no sólo con la sociedad política sino también con la sociedad civil e, incluso, dentro de la iglesia misma. (http://www.pablogomez.org/2009/12/discriminacion.html)

En el fondo, Gómez aspira a desacreditar a la Iglesia, a alentar las dificultades en la relación entre laicos y jerarquía.
Lo que el senador Gómez desea no es ayudar a la Iglesia, mucho menos facilitar la participación de la misma en las importantes transformaciones que el país necesita en la actualidad. Lo que el senador Gómez quiere es alentar las contradicciones, el conflicto en su interior, de modo que repliquen los conflictos que existen en la sociedad mexicana en general.
De ahí el interés por eliminar las restricciones que “limitan” en la actualidad la intervención de la Iglesia en los temas públicos y obligarla a discutir esos temas en función del criterio numérico de la teoría democrática del Estado, que se diferencian de los criterios que dan forma y contenido a la Doctrina Social de la Iglesia en tanto que para la Doctrina Social de la Iglesia el criterio numérico NO es el único factor que debe considerarse.
Es importante advertir, en este sentido, que cuando Gómez habla de la Iglesia siempre utiliza adjetivos para desacreditarla. La Iglesia en el léxico del senador Gómez es reaccionaria, es discriminadora, está en contra de las libertades, está del lado de los poderosos y ni siquiera las excepciones que él mismo identifica, como don Sergio Méndez Arceo, don Samuel Ruiz o don Arturo Lona, son suficientes como para modificar el tono general de sus referencias a la Iglesia.
A quienes apoyan al senador desde otras trincheras les convendría recordar aquello de que "no todo lo que brilla es oro".

Las opiniones vertidas en Atrio son de la exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan ni buscan reflejar los puntos de vista del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, sus socios y directivos, ni de las instituciones vinculadas con el IMDOSOC.

Realidad, discriminación y miradas

Este lunes 22 de febrero, la prestigiada encuestadora María de las Heras publicó, como lo hace cada lunes, una encuesta en la edición mexicana del diario español El País. Por lo regular, estas encuestas de doña María abordan temas coyunturales de distinta naturaleza. En fechas recientes ella ha publicado excelentes estudios, por ejemplo, sobre la percepción que los mexicanos tenemos de los orígenes de la violencia o de las razones de fondo del pobre desempeño de la economía nacional.

La entrega de este lunes la dedicó al tema de la discriminación y, como era de suponerse, la actitud de los mexicanos es en este, como en muchos otros temas, sumamente sombría. La encuesta da cuenta de cómo se percibe poca disposición de la autoridad a cumplir con sus tareas y, en términos generales, muchos nos sentimos discriminados y muchos advertimos frecuentes actos de discriminación, tanto en el ámbito laboral como en otros.

Los números de la encuesta son valiosos, pues dejan ver que entre los grupos más discriminados se encuentran las personas con sida, los homosexuales y, sobre todo, los indígenas quienes, no en balde, concentran los más altos índices de pobreza y marginación en nuestro país. Les siguen las personas con alguna discapacidad, los obesos, las personas con alguna debilidad mental, los ancianos y las mujeres.

Cuando la encuestadora pregunta acerca de las razones de la discriminación se identifican cuatro posibles causas: la ignorancia (62 por ciento); la falta de sensibilidad (15 por ciento); el miedo a lo diferente (12 por ciento) y una combinación de los tres anteriores (11 por ciento).

Sin embargo, al hablar de los factores que influyen en los patrones de discriminación reportados la encuesta dice que son “la escuela” (65 por ciento mucho); “el ambiente familiar” (63 por ciento); “las costumbres sociales” (62%); “las autoridades” (50 por ciento); “las leyes” (48 por ciento) y, finalmente, “la religión” (41 por ciento mucho y 43 por ciento poco).

Hasta ahí, la encuesta de De las Heras parece ofrecer una mirada muy clara sobre la situación y las causas de la discriminación en México. Sin embargo, en el artículo que normalmente acompaña a la encuesta, de la autoría de la propia María de las Heras, se rompe esta lógica y centra su reflexión en el supuesto papel de las iglesias en esto de promover o tolerar la discriminación.

Se refiere, por ejemplo, a la reforma actualmente en trámite al artículo 40 de la Constitución y concluye:

Por lo visto en el México del siglo XXI seguiremos cargando con los prejuicios que nos impusieron los evangelizadores en el siglo XVI, y tanto las mujeres, como los indígenas, los homosexuales, y muchos otros tendremos que vivir sujetos a las discriminatorias leyes que dicta la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¡Que viva Torquemada!

El párrafo no tiene desperdicio, no porque encuentre fundamento en los números de la propia De las Heras, sino porque se olvida por completo de lo que sus propios números dicen y hace ver a la religión, definida así en general, como equivalente a la Iglesia católica y, lo que es peor, pierde de vista el que la religión aparece en el sexto lugar de las explicaciones de la discriminación en México, y la hace aparecer como la principal responsable.

Doña María, lo mismo que el autor de estas líneas, somos usuarios de la red social Twitter (www.twitter.com/), ella como @Mariadelasheras y yo como @rsnunez. Desde ese espacio le envié algunos mensajes relativos a lo que su artículo dice. Traducidos del lenguaje de Twitter, que obliga a reducir cada mensaje a no más de 140 caracteres, le digo lo siguiente:

Hace más de 150 años que la Iglesia no es responsable de la educación masiva en México. Culparla de la incapacidad de los gobiernos civiles para educar y evitar la discriminación, es igual a lo que el PAN hace al querer culpar al PRI de todos los males del país. Ojala alguna encuesta suya pudiera medir la asistencia a misa. Verá usted que en realidad es muy baja y que la educación religiosa como tal es todavía más baja.
En consecuencia, no se pueden explicar—como lo hace su artículo—las actitudes de amplios sectores de la población mexicana en materia de discriminación como resultado de la influencia de la educación católica, pues no hay espacios para que ello ocurra.
La cobertura del sistema de educación católica en México es menor al 25 por ciento en todo el país y se concentra en sectores medios y altos, de modo que resulta difícil aceptar la conclusión de su artículo.

Hasta ahí mis observaciones en Twitter. Creo que el tema de la discriminación es suficientemente importante como para que lo observemos con una mirada que lejos de contribuir a la solución de los problemas, introduce más prejuicios y, en consecuencia, hace más difícil la solución. La Iglesia ciertamente tiene problemas para hacer llegar su mensaje a una sociedad crecientemente compleja que no se siente identificada en algunas prácticas de la Iglesia, pero asumir que desde la fragilidad institucional que caracteriza a la Iglesia (que se refleja en la pobre capacidad para ofrecer educación religiosa), el catolicismo tiene la capacidad para que una mayoría de la población actúe como la Iglesia dice es pedirle demasiado a la imaginación.

Quedará ya en manos de la Iglesia (acaso mejor dicho, de las iglesias, por lo menos las de inspiración cristiana) el hacer ver que lo suyo es la promoción de una radical igualdad, en la que esto de la discriminación no sólo no tiene lugar, sino que contradice el mensaje del evangelio.

Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna (versión corta)

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