Sobre la propuesta del senador Pablo Gómez

Los últimos días de febero de este año, el senador Pablo Gómez conmovió los débiles cimientos de las relaciones Estado-Iglesia en México cuando propuso eliminar el inciso E del artículo 130 constitucional, que es el que niega la plenitud del ejercicio de los derechos ciudadanos a los ministros del culto. El texto del inciso dice, a la letra:

E) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
(Reformado mediante decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

El texto de ese inciso es, por cierto, uno de los remanentes del original artículo 130 aprobado por el Constituyente en 1917, aunque original era mucho más radical y ambicioso:

Los ministros de los cultos nunca podrán en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de la propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o en general del gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo ni derecho para asociarse con fines políticos.

Es importante destacar, sin embargo, que la reforma legislativa propuesta por Pablo Gómez deja intocado el inciso D del mismo 130 Constitucional, que es el inciso que establece la prohibición para que los ministros de culto sean votados y que a la letra dice:

D) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

De ahí que, en estricto sentido, la reforma de Pablo Gómez sería—en el mejor de los casos—un posible avance, pero difícilmente podría considerarse una solución de fondo para los problemas que afectan al texto constitucional mexicano y, mucho menos, los problemas de la relación Iglesia-Estado en México.
Es necesario considerar, además, cuáles fueron las razones que el senador Gómez arguyó como sustento de sus propuestas.
La posición del senador Gómez no es, en estricto sentido, novedosa. Más bien se trata de una manera en la que el legislador procesa sus profundas diferencias con la Iglesia. Diferencias que han quedado acreditadas de distintas maneras. En el sitio de Internet del legislador, por ejemplo, se reproduce un texto fechado el 22 de enero de 2009 en el que, bajo el título de, “Bertone y el Estado laico”, dice:

Hoy, Bertone quiere el desquite. Pero, ¿cuál? ¿Busca los derechos políticos de los sacerdotes? No. ¿Acaso quiere un acercamiento entre la jerarquía católica y el pueblo mexicano? No. Quiere aquello anhelado durante tanto tiempo: la escuela pública. Pero ¿para qué? Si hasta hoy la mayoría del clero católico en México –su alta jerarquía—ha combatido o ha dado la espalda a todas las causas nacionales y populares, el futuro que nos plantea Bertone es más de lo mismo: pueblo y clero viven de espaldas uno con el otro y a los curas reaccionarios sólo les queda el recurso del fanatismo religioso, el cual empobrece y envilece a la iglesia misma. La teología de la liberación fue perseguida –poco a poco—por nuestros jerarcas católicos con el apoyo de Roma. Los curas revoltosos fueron discriminados dentro de la gran iglesia, la cual les hacía la vida difícil a Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Lona y otros, portavoces de lo mejor del Concilio Vaticano II, enemigos del fanatismo, líderes populares comprometidos con su gente y su tiempo: esa es otra iglesia. (Se encuentra en http://www.pablogomez.org/2009/01/bertone-y-el-estado-laico.html)

Como se puede apreciar, hay en la argumentación del senador Gómez, mucho del viejo anticatolicismo que ha distinguido a la clase política mexicana y, sobre todo, la expectativa de profundizar las divisiones en el seno de la Iglesia católica.

Es importante señalar que aunque las restricciones que establece el inciso D del artículo 130 de la Constitución son extrañas a la disciplina y la legislación interna de la Iglesia, han sido útiles para evitar conflictos en el seno de las diócesis mexicanas. La restricción, sin importar sus motivaciones, facilita el trabajo de los obispos para evitar la polarización de posiciones dentro de sus presbiterios y limita la capacidad de cooptación que los políticos podrían ejercer en contextos de alta polarización política y muy intensa competencia electoral.
Esto es particularmente peligroso para la Iglesia en México pues está obligada a actuar en un contexto de poca o nula transparencia en el desempeño de las autoridades de gobierno y, sobre todo, en un contexto de creciente polarización política y de profundización de la iniquidad en la distribución del ingreso que, además, se hará todavía más intenso por la manera en que transcurrirán las campañas de cara al 2012 que, por cierto, no seamos ingenuos, ya iniciaron.
Al argumentar—un día después de presentar su propuesta en la tribuna del Senado de la República—explicó el senador Gómez que la propuesta permitirá que

Si los sacerdotes quieren participar en la lucha electoral, que participen, que se la jueguen, pero que ejerzan sus libertades como cualquier ciudadano. Si quieren llamar a votar por el partido de su preferencia. Que lo hagan y que asuman las consecuencias. (La Jornada 27 de febrero de 2010, p 8)

Obviamente, la expectativa del senador Gómez es que los ministros del culto se equivoquen pues en su opinión, expresada en el texto del 22 de enero de 2009:

La jerarquía católica en México siempre estuvo de parte de los oligarcas: la colonia española, la monarquía de Iturbide, las castas conservadoras, el imperio de Maximiliano, los latifundistas del porfiriato. Todos los derrotados en la historia tuvieron de su lado al alto clero católico. De ahí la distancia entre el pueblo y su sacerdocio y de ahí la profundidad del laicismo mexicano. (Se encuentra en http://www.pablogomez.org/2009/01/bertone-y-el-estado-laico.html)

Como puede advertirse, el senador explica su propuesta desde la lógica no de la posible superación de los viejos conflictos que han marcado para mal la relación Iglesia-Estado en México, sino más bien como una manera de forzar a la Iglesia a desarrollar en su seno un número suficiente de contradicciones que la desacrediten ante los feligreses.
Esta línea de argumentación está presente en otro texto del senador Gómez. En 2009, con motivo de la aprobación en la Asamblea del Distrito Federal de las reformas que hacen posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, Gómez escribió:

Ahora bien, este problema [el de la negativa de la Iglesia a los matrimonios del mismo sexo] tiene que ver con la democracia. El principio de la mayoría no tiene vínculo alguno con el alto clero católico. Éste es monárquico. Para los obispos, la mayoría no dicta la norma sino sólo ellos, especialmente el sumo pontífice, es decir, el monarca. De aquí el desprecio del Episcopado a las decisiones mayoritarias. La falta de compromiso de la Iglesia Católica –el alto clero-- con la democracia es la fuente de constantes diferendos, no sólo con la sociedad política sino también con la sociedad civil e, incluso, dentro de la iglesia misma. (http://www.pablogomez.org/2009/12/discriminacion.html)

En el fondo, Gómez aspira a desacreditar a la Iglesia, a alentar las dificultades en la relación entre laicos y jerarquía.
Lo que el senador Gómez desea no es ayudar a la Iglesia, mucho menos facilitar la participación de la misma en las importantes transformaciones que el país necesita en la actualidad. Lo que el senador Gómez quiere es alentar las contradicciones, el conflicto en su interior, de modo que repliquen los conflictos que existen en la sociedad mexicana en general.
De ahí el interés por eliminar las restricciones que “limitan” en la actualidad la intervención de la Iglesia en los temas públicos y obligarla a discutir esos temas en función del criterio numérico de la teoría democrática del Estado, que se diferencian de los criterios que dan forma y contenido a la Doctrina Social de la Iglesia en tanto que para la Doctrina Social de la Iglesia el criterio numérico NO es el único factor que debe considerarse.
Es importante advertir, en este sentido, que cuando Gómez habla de la Iglesia siempre utiliza adjetivos para desacreditarla. La Iglesia en el léxico del senador Gómez es reaccionaria, es discriminadora, está en contra de las libertades, está del lado de los poderosos y ni siquiera las excepciones que él mismo identifica, como don Sergio Méndez Arceo, don Samuel Ruiz o don Arturo Lona, son suficientes como para modificar el tono general de sus referencias a la Iglesia.
A quienes apoyan al senador desde otras trincheras les convendría recordar aquello de que "no todo lo que brilla es oro".

Las opiniones vertidas en Atrio son de la exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan ni buscan reflejar los puntos de vista del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, sus socios y directivos, ni de las instituciones vinculadas con el IMDOSOC.

Realidad, discriminación y miradas

Este lunes 22 de febrero, la prestigiada encuestadora María de las Heras publicó, como lo hace cada lunes, una encuesta en la edición mexicana del diario español El País. Por lo regular, estas encuestas de doña María abordan temas coyunturales de distinta naturaleza. En fechas recientes ella ha publicado excelentes estudios, por ejemplo, sobre la percepción que los mexicanos tenemos de los orígenes de la violencia o de las razones de fondo del pobre desempeño de la economía nacional.

La entrega de este lunes la dedicó al tema de la discriminación y, como era de suponerse, la actitud de los mexicanos es en este, como en muchos otros temas, sumamente sombría. La encuesta da cuenta de cómo se percibe poca disposición de la autoridad a cumplir con sus tareas y, en términos generales, muchos nos sentimos discriminados y muchos advertimos frecuentes actos de discriminación, tanto en el ámbito laboral como en otros.

Los números de la encuesta son valiosos, pues dejan ver que entre los grupos más discriminados se encuentran las personas con sida, los homosexuales y, sobre todo, los indígenas quienes, no en balde, concentran los más altos índices de pobreza y marginación en nuestro país. Les siguen las personas con alguna discapacidad, los obesos, las personas con alguna debilidad mental, los ancianos y las mujeres.

Cuando la encuestadora pregunta acerca de las razones de la discriminación se identifican cuatro posibles causas: la ignorancia (62 por ciento); la falta de sensibilidad (15 por ciento); el miedo a lo diferente (12 por ciento) y una combinación de los tres anteriores (11 por ciento).

Sin embargo, al hablar de los factores que influyen en los patrones de discriminación reportados la encuesta dice que son “la escuela” (65 por ciento mucho); “el ambiente familiar” (63 por ciento); “las costumbres sociales” (62%); “las autoridades” (50 por ciento); “las leyes” (48 por ciento) y, finalmente, “la religión” (41 por ciento mucho y 43 por ciento poco).

Hasta ahí, la encuesta de De las Heras parece ofrecer una mirada muy clara sobre la situación y las causas de la discriminación en México. Sin embargo, en el artículo que normalmente acompaña a la encuesta, de la autoría de la propia María de las Heras, se rompe esta lógica y centra su reflexión en el supuesto papel de las iglesias en esto de promover o tolerar la discriminación.

Se refiere, por ejemplo, a la reforma actualmente en trámite al artículo 40 de la Constitución y concluye:

Por lo visto en el México del siglo XXI seguiremos cargando con los prejuicios que nos impusieron los evangelizadores en el siglo XVI, y tanto las mujeres, como los indígenas, los homosexuales, y muchos otros tendremos que vivir sujetos a las discriminatorias leyes que dicta la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¡Que viva Torquemada!

El párrafo no tiene desperdicio, no porque encuentre fundamento en los números de la propia De las Heras, sino porque se olvida por completo de lo que sus propios números dicen y hace ver a la religión, definida así en general, como equivalente a la Iglesia católica y, lo que es peor, pierde de vista el que la religión aparece en el sexto lugar de las explicaciones de la discriminación en México, y la hace aparecer como la principal responsable.

Doña María, lo mismo que el autor de estas líneas, somos usuarios de la red social Twitter (www.twitter.com/), ella como @Mariadelasheras y yo como @rsnunez. Desde ese espacio le envié algunos mensajes relativos a lo que su artículo dice. Traducidos del lenguaje de Twitter, que obliga a reducir cada mensaje a no más de 140 caracteres, le digo lo siguiente:

Hace más de 150 años que la Iglesia no es responsable de la educación masiva en México. Culparla de la incapacidad de los gobiernos civiles para educar y evitar la discriminación, es igual a lo que el PAN hace al querer culpar al PRI de todos los males del país. Ojala alguna encuesta suya pudiera medir la asistencia a misa. Verá usted que en realidad es muy baja y que la educación religiosa como tal es todavía más baja.
En consecuencia, no se pueden explicar—como lo hace su artículo—las actitudes de amplios sectores de la población mexicana en materia de discriminación como resultado de la influencia de la educación católica, pues no hay espacios para que ello ocurra.
La cobertura del sistema de educación católica en México es menor al 25 por ciento en todo el país y se concentra en sectores medios y altos, de modo que resulta difícil aceptar la conclusión de su artículo.

Hasta ahí mis observaciones en Twitter. Creo que el tema de la discriminación es suficientemente importante como para que lo observemos con una mirada que lejos de contribuir a la solución de los problemas, introduce más prejuicios y, en consecuencia, hace más difícil la solución. La Iglesia ciertamente tiene problemas para hacer llegar su mensaje a una sociedad crecientemente compleja que no se siente identificada en algunas prácticas de la Iglesia, pero asumir que desde la fragilidad institucional que caracteriza a la Iglesia (que se refleja en la pobre capacidad para ofrecer educación religiosa), el catolicismo tiene la capacidad para que una mayoría de la población actúe como la Iglesia dice es pedirle demasiado a la imaginación.

Quedará ya en manos de la Iglesia (acaso mejor dicho, de las iglesias, por lo menos las de inspiración cristiana) el hacer ver que lo suyo es la promoción de una radical igualdad, en la que esto de la discriminación no sólo no tiene lugar, sino que contradice el mensaje del evangelio.

Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna (versión corta)

Promode un documento de la CEM sobre la situación actual del país...

¿La legalización de las drogas como solución?

Uno de los temas que más intensamente se debaten en la actualidad en México, en Estados Unidos, especialmente en algunos estados de ese país que han legalizado los usos terapeúticos de la droga, en Canadá, así como en distintos países de Europa y América Latina, es el de las ventajas que supuestamente ofrece la legalización de las drogas "blandas."

No podemos olvidar, en este sentido, que en las postrimerías del gobierno de Vicente Fox, el Congreso de la Unión, se aprobaron leyes a escala federal que apuntaban justamente en la lógica de la despenalización y que, luego, algo similar ocurrió en la Asamblea del DF. En ambos casos se desandó el camino y las reformas en los ámbitos federal y local del DF no entraron en vigor.

El diez de febero de este año, el expresidente de México Ernesto Zedillo, por ejemplo, habló desde Brasil a favor de "un cambio en la política de control" de los estupefacientes. El Partido Social Demócrata de México, una formación de reciente creación, ha hecho de una propuesta similar uno de sus argumentos "fuertes" para la actual campaña electoral.

La idea que frecuentemente sustenta estas discusiones de política pública, es que en los hechos las políticas existentes en materia de manejo de adicciones son hipócritas en el mejor de los casos, brutalmente ineficaces y tienen costos muy elevados en términos tanto del número de efectivos de las fuerzas policiacas que deben dedicarse al combate del narcotráfico, como--sobre todo--al costo que en general tienen este tipo de políticas.

Se considera, en cambio, que es preferible optar por políticas que despenalicen no sólo el consumo personal de los estupefacientes, sino que también despenalicen la producción y la comercialización de las drogas.

Incluso este fin de semana próximo pasado, el tema de la legalización de la producción y distribución de la mariguana y sus derivados ocupó un lugar predominante en el encuentro que Barack Obama sostuvo con representantes de distintos grupos sociales por medio de la Internet.

El argumento dado al presidente de Estados Unidos, era que establecer impuestos sobre la comercialización de las drogas podría ayudar a la maltrecha hacienda pública estadunidense, exprimida al máximo por los distintos tipos de rescates que ha debido realizar en fechas recientes. Obama desestimó, con una risa inexplicablemente nerviosa, el argumento y se comprometió, así fuera de manera retórica, con la política que el gobierno de su país ha sostenido desde hace cerca de 80 años en materia de comercailización y producción de la mariguana y otros estupefacientes.

Casi siempre, quienes promueven la liberalización o legalización de la producción y el tráfico de la mariguana, presentan el caso de Holanda como el ejemplo a seguir y, con variaciones, se enfatiza el hecho que ese país ha logrado avances importantes, tanto en la prevención del consumo como en la reducción de la violencia asociada con el tráfico y el consumo de ese tipo de drogas. Además, se nos dice, reduce la sobrecarga de los sistemas de administración y procuración de justicia que, para bien o para mal, deben enfrentar a números crecientes de personas calificadas como delincuentes.

Sin embargo, el hecho es que Holanda vive en la actualidad una serie de muy intensos debates que dejan ver el rápido agotamiento de las políticas de liberalización de la producción, distribución y consumo de mariguana y otras drogas "blandas" como los hongos alucinógenos.

Los cambios que se observan en Holanda son generados, en buena medida, por el rechazo al llamado "turismo de drogas," que hace que distintas poblaciones de las fronteras de Holanda con Bélgica y Alemania reciban, en cualquier día de la semana, contingentes de más de doce mil personas (alemanes, belgas, franceses y de otras nacionalidades) interesados en consumir drogas en las "cafeterías" que cuentan con licencias. Estas licencias permiten que cada establecimiento tenga hasta medio kilo de la droga y pueden vender hasta cinco gramos de mariguana a cualquier cliente, mayor de 18 años, capaz de pagar las cuotas establecidas para ello.

Sin embargo, el hecho objetivo es que además de estos contingentes masivos de turistas, la población holandesa empezó a pagar un precio muy elevado. Por una parte, creció--aunque poco--el número de adictos, con las consecuencias inevitables que esa crecida tiene en los sistemas de salud y bienestar social; pero--sobre todo--creció la violencia relacionada con el tráfico de mariguana y especialmente con el tráfico de otras drogas que, aunque formalmente prohibidas, son comercializadas por los mismos grupos de criminales organizados globales que controlan el tráfico de la mariguana y otras drogas en otras naciones europeas.

A la reacciones de los alcaldes de estas pequeñas poblaciones de las fronteras holandesas rápidamente se unieron los alcaldes y cabildos de ciudades como Amsterdam y La Haya, que advertían no sólo situaciones similares, sino un creciente afianzamiento del peso y la influencia de las organizaciones criminales.

De ahí que, al observar la manera en que transcurre el debate a propósito de la legalización de las drogas en México sea inevitable preguntarse si efectivamente se han considerado las posibles consecuencias de una decisión de ese tipo y, sobre todo, preguntarse si efectivamente se han considerado los efectos que han tenido muchos años de desinterés de las leyes que, en materia de tráfico y consumo de estupefacientes, existen en México.

Por una parte, sería útil considerar--en primer término--que según la encuestadora Consulta Mitofsky, más del 70 por ciento de los mexicanos rechazan la posibilidad de que se despenalice
el consumo de las drogas.

Por la otra, sería necesario evaluar honesta y responsablemente la experiencia holandesa y admitir, como lo hizo reciéntemente (el 25 de noviembre de 2008) el influyente diario NRC Handelsblad, que la legalización en aquel país lejos de resolver los problemas que se pensó que iba a resolver creó nuevos y más graves problemas. Estos nuevos problemas han golpeado severamente la calidad de vida en un país que, para empezar, cuenta con un sistema de salud mucho más eficaz que el mexicano y que, además, cuenta con una tradición de respeto al Estado de Derecho mucho más sólida que el nuestro.

Pero incluso si esas muy importantes diferencias no fueran suficientes, sería necesario que, al analizar las posibles respuestas al problema del tráfico y el consumo de los estupefacientes, reconociéramos--como casi siempre ocurre en el ámbito del diseño de políticas públcas--que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y que, por ello, no es sano pensar, luego de la experiencia holandesa, que en México las cosas van a mejorar porque se despenalice o legalice la producción de estupefacientes.

Lo que tendría que atenderse a la brevedad posible es remediar los problemas que objetivamente impiden que el desempeño de la economía mexicana sea mejor de lo que lo es en la actualidad. Muchos jóvenes que se convierten en peones de las redes del narcotráfico lo hacen porque objetivamente no hay oportunidades en sus lugares de origen.

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Tormentas tradicionalistas III

La semana pasada, el papa Benedicto XVI ofreció, de la manera más insospechada posible, por medio de una carta, una cátedra a quienes, por una u otra razón, hemos seguido el curso de la tormenta generada por las declaraciones del obispo Richard Williamson, uno de los dirigentes de la Sociedad de San Pío X (SSPX), el grupo creado originalmente por Mons. Marcel Lefebvre y que, en los últimos 21 años ha existido en los márgenes de la Iglesia católica.

Benedicto XVI lo hizo al dar a conocer una carta dirigida a los obispos católicos del mundo, de la que se empezó a hablar desde mediados de la semana pasada y cuyo contenido fue, finalmente, hecho público el viernes trece de marzo. En la carta, el Papa desarrolla una muy inteligente y muy mesurada reflexión de las reacciones a su decisión de readmitir en la comunión con Roma y consigo mismo a los cuatro obispos ordenados de manera cismática por Lefebvre y De Castro Neves.

Así, la cátedra que Benedicto XVI ofreció fue en varias materias. Por una parte, fue una lección de humildad pues lisa y llanamente, sin darle vueltas al asunto, sin refugiarse en ningún eufemismo aceptó que hubieron errores en el manejo de la situación. Esta actitud de Benedicto contrasta de manera tajante con la de muchas figuras públicas que consideran que aceptar que ellos o su subordinados cometen errores es el más grave error de todos.

Lejos de ello, Bendicto XVI acepta simple y llanamente la necesidad de considerar la información, el conocimiento que existe en la Internet y aprovecharla para mejorar el desempeño de la Iglesia en su conjunto. No hay, en ese sentido, la tentación a caer en el recurso fácil de la descalificación de todo lo que tenga que ver con la Internet.

A contrapelo de lo que vemos en muchos otros ámbitos de la vida pública, en los que la primera reacción de las figuras públicas es la de acusar a los medios de irresponsabilidad o de conducir campañas en contra de sus personas o de las instituciones en que trabajan, Benedicto XVI evitó con elegancia y lucidez el recurso simplón de decirse víctima de una conspiración de los medios de comunicación (como lo hicieron los miembros de la SSPX y como lo hacen muchos obispos y políticos en distintas partes del mundo).

Benedicto XVI reconoció que la Internet cambió las reglas del juego no sólo para otros actores sociales y políticos, sino para la Iglesia misma y, en ese sentido, reconoció la necesidad de que la Iglesia misma se ajuste a las nuevas realidades:

Me han dicho que seguir con atención las noticias accesibles por Internet habría dado la posibilidad de conocer tempestivamente el problema. De ello saco la lección de que, en el futuro, en la Santa Sede deberemos prestar más atención a esta fuente de noticias.

En este sentido, lo primero que tendría que quedarnos claro a los católicos, más allá de la discusión con el tradicionalismo representado por la SSPX y su nostalgia de un pasado que sólo existe en las mentes de sus dirigentes, es que los medios son instrumentos y que en ese sentido, los resultados de nuestra interacción con ellos depende de todos los involucrados y no sólo de un centro único al que se le deba imputar toda la responsabilidad por los resultados.

A la lección de humildad de Benedicto XVI, se suma una lección de caridad, tanto para explicar su decisión de levantar la excomunión a los cuatro obispos ordenados por Marcel Lefebvre y Antonio de Castro Neves sin el mandato de la Santa Sede, como para llamar a las distintas partes involucradas en esta amarga discusión a poner por encima de sus intereses, el mandamiento de amor recibido de Jesucristo.

Benedicto XVI no duda en señalar, en este sentido, los excesos tanto de la SSPX y sus miembros, como los de quienes en un exceso de celo lo criticaron acremente por tender la mano a los obispos de ls SSPX y buscar poner fin a un conflicto que ha lastimado durante más de 20 años a la Iglesia, pues el conflicto entre Lefebvre y la Santa Sede arranca, en los hechos, a finales de los sesenta. En este sentido, el Papa resume de manera diáfana el estado del problema en torno a la SSPX y a los pasos que será necesario tomar, dentro de la Iglesia, en el futuro:

No se puede congelar la autoridad magisterial de la Iglesia al año 1962, lo cual debe quedar bien claro a la Fraternidad. Pero a algunos de los que se muestran como grandes defensores del Concilio se les debe recordar también que el Vaticano II lleva consigo toda la historia doctrinal de la Iglesia. Quien quiere ser obediente al Concilio, debe aceptar la fe profesada en el curso de los siglos y no puede cortar las raíces de las que el árbol vive.

El razonamiento de Benedicto XVI es de una consistencia demoledora. Quien quiera que siga con un mínimo de atención lo que él dice se sentirá sobrecogido no sólo por la consistencia de su razonamiento, sino también por su capacidad para encarnar en la vida diaria, en su realidad como cabeza visible de la Iglesia, el mandato de amor de Jesucristo:

Por tanto, si el compromiso laborioso por la fe, por la esperanza y el amor en el mundo es en estos momentos (y, de modos diversos, siempre) la auténtica prioridad para la Iglesia, entonces también forman parte de ella las reconciliaciones pequeñas y medianas. Que el humilde gesto de una mano tendida haya dado lugar a un revuelo tan grande, convirtiéndose precisamente así en lo contrario de una reconciliación, es un hecho del que debemos tomar nota. Pero ahora me pregunto: ¿Era y es realmente una equivocación, también en este caso, salir al encuentro del hermano que "tiene quejas contra ti" (cf. Mt 5,23s) y buscar la reconciliación? ¿Acaso la sociedad civil no debe intentar también prevenir las radicalizaciones y reintegrar a sus eventuales partidarios –en la medida de lo posible- en las grandes fuerzas que plasman la vida social, para evitar su segregación con todas sus consecuencias? ¿Puede ser totalmente desacertado el comprometerse en la disolución de las rigideces y restricciones, para dar espacio a lo que haya de positivo y recuperable para el conjunto? Yo mismo he visto en los años posteriores a 1988 cómo, mediante el regreso de comunidades separadas anteriormente de Roma, ha cambiado su clima interior; cómo el regreso a la gran y amplia Iglesia común ha hecho superar posiciones unilaterales y ablandado rigideces, de modo que luego han surgido fuerzas positivas para el conjunto. ¿Puede dejarnos totalmente indiferentes una comunidad en la cual hay 491 sacerdotes, 215 seminaristas, 6 seminarios, 88 escuelas, 2 institutos universitarios, 117 hermanos, 164 hermanas y millares de fieles? ¿Debemos realmente dejarlos tranquilamente ir a la deriva lejos de la Iglesia? Pienso por ejemplo en los 491 sacerdotes. No podemos conocer la trama de sus motivaciones. Sin embargo, creo que no se hubieran decidido por el sacerdocio si, junto a varios elementos distorsionados y enfermos, no existiera el amor por Cristo y la voluntad de anunciarlo y, con Él, al Dios vivo. ¿Podemos simplemente excluirlos, como representantes de un grupo marginal radical, de la búsqueda de la reconciliación y de la unidad? ¿Qué será de ellos luego?

Ojala que todos en la Iglesia tomemos lo que nos corresponde de esta lección magistral de Benedicto XVI y la aprovechemos para nuestro beneficio.

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Política y creencias

Este domingo 8 de marzo, El Universal de la Ciudad de México publicó en su edición impresa y en su sitio de internet una nota breve pero que describe, desde su propia brevedad, el estado lamentable en el que se encuentra la política en México y, de manera más general, la erosión que vive la política en México.

En el material, Erik Viveros, corresponsal de ese diario en Veracruz, da cuenta del frenesí de activismo de figuras de distintos partidos políticos mexicanos que, llegado marzo, corren a contratar los servicios de los brujos de la región de Los Tuxtlas en esa entidad:

De Santiago Tuxtla a Catemaco operan más de 80 hechiceros, chamanes y curanderos, quienes ofertan sus servicios a los turistas, políticos, artistas y personas de diferentes segmentos sociales.

Todos los visitantes demandan “trabajos” o “amarres” para salir avante en sus relaciones sentimentales, suerte para el dinero, los negocios y, muy en especial, la política.

“Hemos tenido asistencia de políticos..., de políticos fuertes..., de empresarios, artistas, cantantes gruperos principalmente, gente del norte, y por eso tenemos mucho trabajo”, explicó el hechicero.

Pero además, los brujos entrevistados por el reportero ofrecen una explicación acerca de las razones profundas del éxito de sus servicios entre el resto de la población que los visita:

"La adoración a la santa muerte prolifera entre los grupos de narcotraficantes y delincuentes; pero a últimas fechas, es mayor el número de personas comunes y corrientes que, ante las dificultades económicas, se acercan a ella.

Por ello, “vemos que proliferan sus altares a la santa muerte en gran parte de la República mexicana”, agregó el brujo mayor de Catemaco."

En este sentido, las intuiciones que ofrece el "brujo mayor" no tienen desperdicio alguno y dejar ver tanto la pequeñez de la política en México, como los efectos que tienen situaciones como las que se viven en la actualidad en nuestro país en los sistemas de creencias de las personas.

Que los políticos se acerquen año con año, al iniciar el mes de marzo a Los Tuxtlas, con la expectativa de lograr de esa manera, con los llamados "amarres," lo que no son capaces de lograr con un mínimo de congruencia con las ideologías de sus partidos y de capacidad para atender los problemas que enfrenta el país.

Que nuestros políticos recurran a este tipo de artificios (y pocas veces esa palabra se usa con mayor precisión que en casos como este, evidencia no sólo la pobreza de los procesos de modernización y laicización de la vida pública en México, sino también el hecho objetivo que la política en México es aún, en buena medida, un asunto de pasiones, de fortuna y, en los peores casos, una empresa marcada por las pasiones más bajas y no por el más elemental espíritu de servicio a los otros.

Si en Estados Unidos o en algunos países europeos las discusiones en torno al papel que la religión y las creencias religiosas o espirituales deben desempeñar en el ámbito de la vida pública y, como resultado de ello, es posible ver distintos acomodos que redefinen las siempre cambiantes fronteras entre la religión y la política, entre lo público y lo privado, lo que vemos en México es un remedo de esos debates y, más bien, encontramos a los políticos preocupados por ocultar sus propias debilidades en creencias dignas de niños, de menores de edad.

Lo que emerge, en cambio, es la imagen de políticos menores de edad, obsesionados con condenar a las creencias al ámbito de la vida privada, incapaces de expresar sus convicciones de manera pública y, sobre todo, incapaces de hacerse responsables de sus actos. Después de todo, la diferencia fundamental entre las creencias que promueven estos personajes y el cristianismo estriba no en el uso de símbolos, pues--fruto del sincretismo religioso--es posible encontrar algunos de esos símbolos en sus rituales.

Radica, ante todo, en la manera en que el hombre define su relación con el universo y/o con lo divino. Las creencias de quienes acuden a este tipo de actos, son creencias infantiles, de quien cree que es posible resolver los grandes problemas de la convivencia humana en sociedades como la nuestra, al comprar la voluntad de uno o varios intermediarios de la divinidad con ritos elaborados pero vaciados de sentido y, sobre todo, carentes de una ética clara.

El cristianismo, al menos en principio, apunta a desarrollar una relación madura y responsable entre la persona y el universo y/o lo divino. El Dios del cristianismo, Dios todopoderoso, no necesita de complejos ritos que garanticen el favor de intermediarios a quienes se puede comprar. Necesita, en cambio, de un compromiso consciente y constante en la lógica de la construcción de mejores relaciones entre las personas, como en el caso de la doctrina social de la Iglesia.

Como sea, es importante que la Iglesia (y eso nos incluye, desde luego, a los laicos) comprenda que la responsabilidad de madurar la comprensión de las relaciones entre los ámbitos de lo religioso y lo político nos corresponde fundamentalmente a nosotros, y que--por ello--asumir que corresponde a alguien más dentro de la Iglesia hacer patente esta distinción fundamental entre los distintos tipos de creencias y evidenciar las ventajas de la concepción que el cristianismo tiene por sobre otras.

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El peso de la razón

La última semana de febrero es, desde hace ya tres años, una ocasión dolorosa para las familias que perdieron padres, hermanos o hijos en la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, ubicada cerca de Nueva Rosita, Coahuila, en febrero de 2006.

El 19 de febrero de ese año, cerca de las dos y media de la mañana, 65 mineros del tercer turno quedaron atrapados en uno de los túneles de la mina luego de que ocurriera una explosión a cerca de 500 metros de la superficie en un túnel horizontal de poco más de kilómetro y medio de extensión.

Cinco días después, el 24 de febrero de 2006, Grupo Minera México informó que suspendía la búsqueda de los posibles sobrevivientes o de los cuerpos de las víctimas pues, en opinión de sus técnicos, no existían las condiciones para continuar con las tareas de rescate.

Con motivo del tercer aniversario de esa tragedia, distintos medios de comunicación de la Ciudad de México dedicaron espacios o tiempos a explorar distintos aspectos de este hecho alentados, en buena medida, por la incertidumbre que rodea la situación jurídica del líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, y por la antipatía que generan las posiciones del Grupo Minero México, propiedad de Germán Larrea, ha sostenido a propósito de la muerte de los mineros.

Entre lo más importante de lo mucho que se publicó en la última semana de febrero en torno a este asunto destacan, sin lugar a dudas, las distintas intervenciones que tuvo el obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera López.

En todas y cada una de sus intervenciones, Vera evidenció no sólo la cercanía que tiene como pastor con los familiares de los deudos de Pasta de Conchos, sino—sobre todo—el compromiso que lo ha caracterizado en sus distintos encargos, primero como presbítero y miembro de la Orden de Predicadores de santo Domingo de Guzmán y, posteriormente, como obispo titular y coadjutor de distintas diócesis del país.

Monseñor Vera lo ha hecho así, por cierto, en un contexto sumamente adverso, en el que el apoyo de otros obispos mexicanos ha sido escaso o, por lo menos, no se ha manifestado públicamente o se ha confundido con alguno de los muchos debates relacionados, directa o indirectamente, con la tragedia de Pasta de Conchos.

Como sea, la voz de monseñor Vera es, en sí misma, sin importar si está sola o no, suficientemente poderosa y hay en ella tonos, variaciones, recuerdos, jirones, de las voces de otros obispos mexicanos y latinoamericanos que no han tenido empacho en alzar su voz en los momentos más difíciles.

Son jirones de las voces de monseñor Samuel Ruiz, con quien compartió la responsabilidad de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, de monseñor Carlos Talavera, de monseñor Sergio Méndez Arceo y de muchos más que, desde sus distintas sedes episcopales, no han tenido empacho en hacer ver los excesos que empresas, instituciones públicas y otros actores sociales, políticos o económicos cometen cuando tratan de hacer realidad sus objetivos.

Es una voz, desde luego, profundamente imbuida por los principios, por las intuiciones y por las advertencias de la doctrina social de la Iglesia contra acciones que ponen en peligro la dignidad y la vida misma de las personas.

En este sentido, el país entero tendría que verse en el espejo de Pasta de Conchos y no permitir que empresas abusivas actúen como lo ha hecho el Grupo Minera México, como lo han hecho los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, como también lo han hecho las autoridades de los gobiernos federal y estatal de Coahuila que, lejos de ser los garantes de los derechos de los trabajadores y sus familiares, han convalidado los abusos cometidos contra esas personas, así como el desdén con el que se ha menospreciado el justo reclamo de los familiares para que se les entreguen los cuerpos de quienes murieron en la tragedia.

Esto es así porque, como lo hace ver don Raúl Vera, al conocerse más detalles de lo que ocurrió en Pasta de Conchos, quedaría claro que se dejó morir a los mineros, que no se les prestó la ayuda necesaria y debida y que, en este sentido, sufrieron una muerte terrible, inhumana, profundamente injusta e indebida.

Sin embargo, más que leer mis palabras, es mejor escuchar lo que el propio Raúl Vera López, obispo de Saltillo, dijo a Javier Solórzano de Radio 13 (1290 del AM en el Distrito Federal), cuando fue entrevistado con motivo del tercer aniversario de la tragedia de Pasta de Conchos.

Usted puede escuchar la entrevista haciendo clic aquí.

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